Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
Magdalena Ocotlán, Oaxaca, a 12 de septiembre de 2010
La Sexta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, reunida los días 11 y 12 de septiembre de 2010, en el municipio de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, con la participación de 90 organizaciones y 1 135 representantes de las distintas luchas socioambientales del país, declaramos:
Que a un año de efectuada la 5ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, realizada en Chichicuautla, Puebla, la grave situación ambiental en que se encuentra el país no sólo no ha mejorado o siquiera se ha estancado, sino más bien ha empeorado gravemente. La Asamblea ha descubierto en el último año, con gran indignación, decenas de escándalos de injusticia ambiental y climática por la mayor parte del territorio nacional. Devastación ambiental que se suma a la política de destrucción nacional del mercado interno, la industria y la agricultura soberanas, la indefensión de millones de migrantes mexicanos y centroamericanos, a la carnicería de jóvenes que ha desatado la supuesta guerra al narcotráfico, a los asesinatos de periodistas, al comercio sexual de personas y menores de edad y tantos otros crímenes e injusticias que en este Bicentenario ponen de manifiesto la situación de extremo peligro en que se encuentra el país.
La desregulación ambiental priva como resultado de una política de libre comercio fríamente adoptada, aunque el problema es peor, porque la profundidad de los desarreglos ambientales ha llevado a violar la mayor parte de las normas y leyes, o bien, a permitir que esto ocurra corrompiendo o desmantelando los sistemas de vigilancia toxicológica, epidemiológica y ambiental, o pasando directamente a corromper el sistema jurídico nacional. Los Afectados Ambientales de México no sólo enfrentan muertes crecientes, represión, enfermedades, desplazamiento de población, despojo, división interna inducida, falta de precaución y mayor incertidumbre, cerco informativo, campañas de difamación, etc., sino que también padecemos, junto con el resto de los mexicanos, el desvío de poder y la decadencia general a que se ha sometido al Estado mexicano.
A lo largo del último año, hemos sufrido los atroces asesinatos de varios activistas ambientales, como Mariano Abarca, en Chicomuselo, Chiapas, muerto por oponerse al proyecto minero de la empresa canadiense Blackfire, Miguel Ángel Pérez Cazales, en el municipio de Tepoztlán, Morelos, de Santa Catarina, Morelos y Beatriz Cariño y Jiri Jaakola, en San Juan Copala, Oaxaca, para quienes exigimos justicia. Condenamos la serie de asesinatos, la situación de asedio paramilitar y la falta de garantías que privan en el municipio autónomo de San Juan Copala.
Condenamos la muerte silenciosa de decenas de personas por insuficiencia renal que viene ocurriendo en la ribera del río Atoyac, en Tlaxcala, del río Santiago, en Jalisco y de los ríos Blanco y Coatzacoalcos, en Veracruz, debidas a las descargas industriales no controladas en sus cauces.
Condenamos las provocaciones y violencia ejercida por la empresa canadiense Fortuna Silver Mines en contra de las comunidades de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, El Cuajilote y Maguey Largo, en Oaxaca. Exigimos el cierre definitivo de la mina en San José del Progreso, la salida de Fortuna Silver Mines del país y la liberación inmediata del compañero Silvino Macrino Vázquez Sánchez. Asimismo, nos pronunciamos en contra de la decisión de desaparecer los poderes municipales e imponer un administrador municipal afín a Ulises Ruiz Ortiz, en San José del Progreso. Nos pronunciamos contra la militarización de las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca y responsabilizamos al gobierno de Ulises Ruiz por las amenazas y hostigamiento de que ha sido objeto el Presidente Municipal de Magdalena Ocotlán por presiones para introducir la tubería de agua exclusiva para la minera desde Ocotlán hasta San José del Progreso.
No a los medidores
Condenamos la reiterada violación de las leyes y el desacato de las sentencias definitivas dictadas por los jueces a favor del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, propiedad de la trasnacional canadiense Goldcorp, en San Luis Potosí y exigimos que las autoridades ambientales dejen de postergar la aplicación de la Ley e impongan el cierre definitivo de esa ilegal operación minera.
Condenamos el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el despido de 44 mil trabajadores, no sólo por tratarse de un acto inconstitucional y una evidente injusticia social, sino también por las consecuencias ambientales perniciosas que ello acarrea para la ciudad de México y la zona centro del país. También condenamos la agresión y aprehensión injusta sufrida por los trabajadores mineros de Cananea, en Sonora, a manos de grupos paramilitares, tanto de la PFP como de la empresa Grupo Industrial Minera México, los pasados 6 y 7 de septiembre.
Condenamos la forma en que el territorio nacional se está picando de viruelas con cientos de proyectos de minería a cielo abierto en numerosos estados del país, sin que en ninguna de estas regiones priven regulaciones ambientales o la más mínima aplicación de la Ley para detener esos proyectos.
A más de un año de estallido de la paranoia del Estado mexicano, desatada por la gripe porcina, no se ha atendido ninguna de las demandas de las 26 comunidades afectadas por las mega-granjas de cerdos de la empresa Granjas Carroll de México, propiedad de la trasnacional estadounidense Smithfield Foods. No se ha procedido ni siquiera a investigar la contaminación y sobreexplotación de las aguas del valle de Perote, ni a realizar estudios autónomos epidemiológicos, ni mucho menos a cancelar este tipo de megaproyectos.
Condenamos la irresponsabilidad de la empresa Dragón y el contubernio de las autoridades del estado de Puebla y de la Semarnat, por la forma en que el estallido de un almacén repleto con sustancias tóxicas afectó a la salud de 20 mil habitantes de la ciudad de Izúcar de Matamoros, sin que haya seguimiento toxicológico y epidemiológico alguno, e incluso la pretensión de reabrir la planta. Nos sumamos al clamor de los pobladores de Izúcar exigiendo el cierre total de la fábrica Dragón.
Condenamos la pretensión de volver a poner en marcha el proyecto de construcción de la Presa La Parota, en el estado de Guerrero, así como por los intentos de avanzar en la construcción de las presas de El Zapotillo, en Jalisco, Paso de la Reina, en Oaxaca y las 113 mini-hidroeléctricas en el estado de Veracruz. Exigimos la cancelación definitiva de todos y cada uno de estos proyectos.
Condenamos la forma en que la empresa Paasa y el municipio de Cuernavaca, Morelos, mantienen en pie el basurero de Loma de Mejía en las inmediaciones de esa ciudad, contaminando la batería de pozos que surten de agua a numerosas comunidades del municipio de Temixco.
Condenamos los numerosos proyectos privatizados carreteros, de libramientos, de ampliaciones aeroportuarias, la ampliación desregulada de unidades habitacionales insustentables y miles de centros comerciales que fomentan la sobreexplotación de las reservas acuíferas en los estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Veracruz, etc. Muy especialmente condenamos el despliegue de megaproyectos en la ciudad de México, como la construcción de megatorres, la supervía poniente, el proyecto biometrópolis, el mega-acuario y la expansión de Santa Fe, en detrimento del territorio de Cuajimalpa.
Condenamos el proyecto de apertura de miles de nuevos pozos petroleros de bajísima productividad que el gobierno mexicano está abriendo en la región de Chicontepec, Veracruz en contubernio con la trasnacional estadounidense Halliburton y contratando los servicios paramilitares de la empresa Blackfire.
Como Asamblea, condenamos la concesión de nuevos campos experimentales de maíz transgénico en las narco-regiones de los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas y Chihuahua, particularmente, la pretensión de la trasnacional Monsanto de sembrar 30 mil hectáreas de maíz transgénico en fase piloto, lo cual significa que Monsanto ya podría vender ese maíz para consumo de la población mexicana. Reiteramos nuestra exigencia de prohibición total del maíz transgénico en México.
Rechazamos la mercantilización que se está haciendo de nuestros bosques y territorios indígenas y campesinos, así como de otras áreas de biodiversidad, mediante su venta de servicios ambientales que significan una nueva forma de despojo por privatización del agua, del aire y de las funciones ecosistémicas que milenariamente las comunidades han manejado para el bien común.
Por todo lo anterior, rechazamos el desarrollo de megaproyectos trasnacionales (extranjeros o mexicanos), sobre los territorios de los pueblos y de los barrios urbanos, violando sus derechos a la consulta, a la libre determinación y a todos los que les permiten tener una vida digna.
Como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, saludamos y nos solidarizamos con la lucha que viene desplegando el Congreso Popular, Social y Ciudadano para la Defensa y Refundación de la Ciudad de México, contra los megaproyectos en la zona sur poniente del Distrito Federal y contra la forma profundamente antidemocrática de reconstruir la ya de suyo caótica ciudad de México. Por ello saludamos al Éxodo de Tlalpan que articula las luchas de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac.
Saludamos a todos los participantes, de México y el resto del mundo, que participarán, del 1 al 7 de octubre en el Encuentro Mundial contra las Represas, que se realizará, en Temacapulín, Jalisco.
Saludamos y nos sumamos a las Caravanas del Bicentenario Insurgente, encabezadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas, que han salido de Hermosillo, Sonora, Acapulco, Guerrero, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Juchitán, Oaxaca, rumbo al Distrito Federal.
Saludamos el esfuerzo de construcción del Congreso Social hacia un Nuevo Constituyente, a celebrarse en la ciudad de México, los días 18, 19 y 21 de noviembre próximos.
Frente a todo ello declaramos,
Nuestra voluntad de vida y nuestra voluntad de lucha. Nuestra voluntad de recibir entre nosotros a todos los que están siendo víctimas de la injusticia ambiental y climática y que tengan la voluntad de organizarse y luchar desde abajo. Luchas que no sólo son para denunciar y resistir las tropelías de las autoridades y empresas sino también para afirmar la diversidad de formas de vida justas y ambientalmente sustentables que ya existen en el país de abajo, y para explorar autogestivamente la construcción de alternativas y formas colectivas y sensatas de usar y metabolizar nuestras condiciones materiales de existencia.
Finalmente, manifestamos nuestra decisión de participar, con la Vía Campesina, en las movilizaciones de protesta ante la COP 16 del Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizará en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre.
La Asamblea Nacional de Afectados y Alternativas Ambientales se solidariza y hace suyos los planteamientos de la Vía Campesina frente a estas negociaciones, así como el firme rechazo a los mercados de carbono, a los programas llamados REDD, que significan una nueva ola de privatización de bosques y un nuevo ataque a los derechos campesinos e indígenas. Rechazamos la manipulación climática o geoingeniería y otras falsas soluciones que nos quieren imponer empresas y gobiernos frente a la crisis climática.
La Asamblea Nacional de Afectados y Alternativas Ambientales y la Vía Campesina ya comenzamos a organizar caravanas de visibilización de la situación de injusticia ambiental, climática y social en la que se encuentra hundido México, a las que convocamos también a participar a otras fuerzas sociales, nacionales e internacionales. Estas caravanas, con rumbo a Cancún pasarán por varios puntos donde hay luchas y resistencias de los pueblos y organizaciones de la Asamblea, para visibilizar estas luchas, denunciar la situación nacional e internacional y solidarizarnos con ellas.
Así construiremos un mapa de la devastación ambiental y social que vamos a denunciar en Cancún, como la verdadera política ambiental y climática del gobierno mexicano.
