Electricistas del SME: Un año de Resistencia y Pérdidas

El balance es claramente desfavorable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dio por terminadas las relaciones laborales de todos los electricistas del SME, así como, el Contrato Colectivo de Trabajo. La integración industrial se ha eludido, lo mismo que la sustitución patronal. La anormalidad sindical continúa.

1. Introducción

El momento no es de conmemoración ni de anecdotario sino de balance político. Un balance serio es necesariamente crítico y autocrítico. Todo lo que ha sucedido debe tenerse presente pero más importante es examinar las causas del conflicto y sus consecuencias.
Esperaríamos del SME que presentara al movimiento sindical un examen de las causas que motivaron el conflicto, las enseñanzas de la experiencia y las conclusiones del caso. Sin embargo, creemos que eso jamás se hará.

Los diversos participantes presentan la situación con base en algunos datos insuficientes y contradictorios, apreciaciones políticas personales, descalificaciones mutuas e insultos directos, enmascarando el enfrentamiento político con el Estado.

El FTE desea presentar sus reflexiones con base en los hechos, en el contexto histórico, político, técnico, industrial y sindical.

La política se comprueba en la práctica y los hechos han confirmado, lamentablemente, los señalamientos que hicimos con oportunidad. El balance es desfavorable a los electricistas smeítas y a todos los mexicanos. No solamente ha habido numerosas pérdidas, también existe carencia de perspectivas favorables y reiteración de fórmulas técnica, económica y políticamente, cuestionables e inviables.

Al interior del sindicato se mantiene una situación anormal, resultado de la alteración estatutaria; en el SME nadie tiene personalidad jurídica acreditada. Son 15 meses de irregularidad reiterada. El sindicato sigue fracturado, con su estructura interna desecha, violentamente polarizado y con un amplio sector en la apatía.
El “liderazgo” sindical no está a la altura de las circunstancias. La política eléctrica seguida está superada históricamente, las propuestas implican el regreso de más de 50 años atrás, carecen de fundamentación técnica y política, ignorando al proceso de trabajo eléctrico y negando a la nacionalización de la industria eléctrica.
El camino jurídico seguido por los abogados, comandados por Néstor de Buen y Raúl Carrancá, ha sido desastroso. No se ha ganado un solo caso. Ningún recurso ha servido de nada.

La solidaridad se ha desdeñado, interna y externamente, a nivel nacional e internacional. Las alianzas se han quedado con los charros del sindicato minero- metalúrgico. Con la sociedad, todo se limita a engañar a los usuarios inconformes con los malos cobros de la electricidad.
Al término de un año, la resistencia continúa. Un sector de electricistas se mantiene en movilización. Pero persiste la desinformación, el análisis político es inexistente, ni siquiera se puede intervenir en las “asambleas”, los documentos legales son secretos y las decisiones de las cúpulas son unilaterales e impositivas.
Ahora el conflicto se ha desviado hacia el proceso electoral de 2012. No obstante que falta mucho, se apuesta al PRI y se promueven reformas legislativas, manoseando más a la Ley eléctrica, en abstracción de la historia, la política y la propia lucha electricista.

2. Mala apreciación de la relación de fuerzas

Lo dijimos internamente y causó molestias: “el conflicto poselectoral debe resolverse internamente”, “ninguno de los contendientes está considerando la situación industrial, vulnerable a todos los niveles, ambos carecen de política eléctrica”.

Con motivo del proceso electoral sindical de julio de 2009, Martín Esparza y Alejandro Muñoz se encargaron de sacar al exterior el conflicto, ambos en el nivel más bajo y sucio. Por las redes sociales circuló lodo. Al hacer el recuentro de la elección, los resultados fueron muy apretados pero los datos no checaron. Muñoz los impugnó pero Esparza se amachó.
Con una documentación incompleta y alterada, Esparza solicitó la Toma de Nota ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El 5 de octubre de 2005, la dependencia le negó el reconocimiento.
Eso motivó una reacción airada de Esparza y seguidores. Retador, amenazó con estallar la huelga en Luz y Fuerza del Centro (LFC), sin que existiera ningún preparativo y menos cobertura. El gobierno federal, a su vez, amenazó con utilizar la fuerza del Estado. El mensaje era muy claro. Pero, Esparza contestó “¡aquí los esperamos!”, invitando al enfrentamiento.
Así sucedió. La madrugada del 11 de octubre de 2009, la nación se enteró que la Policía Federal había ocupado las instalaciones de LFC la media noche anterior. Eso significó que todos los electricistas quedaban fuera de sus centros de trabajo. De inmediato, el gobierno federal anunció la publicación de un Decreto mediante el cual se extinguía a LFC.
Todos los smeítas quedaron conmocionados, sin acertar a reaccionar coherentemente. Esparza y Muñoz sacaron conclusiones erróneas. El primero propuso “regrésenos a nuestra empresa”, el segundo, “liquídense”. Se intentó la unidad pero fue efímera, la fractura sindical era más profunda, auspiciada por el propio gobierno.
Integrar a la industria eléctrica nacionalizada y, en este marco, invocar la sustitución patronal a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), propuso el FTE de México desde el primer día de la ocupación de LFC. El FTE analizó los hechos previamente y alertó de la intervención policíaca. “No va a pasar nada”, dijeron unos jubilados verdes.

Dos años antes, en 2008, el FTE advirtió que estaba en marcha la agresión con motivo del intento de ocupación militar de LFC. El 16 de marzo de ese día, por la mañana, se publicó el correspondiente decreto en el Diario Oficial, mismo que fue retirado de internet al mediodía luego de haberse llegado a un acuerdo para la revisión contractual, imponiendo el gobierno al sindicato un convenio de productividad que el grupo de Esparza mantuvo en secreto y fue firmado unilateralmente.
En el conflicto poselectoral, la soberbia apartó a Esparza de sus deberes elementales como sindicalista privilegiando su interés personal. Desde el inicio de su gestión, había propiciado un desmedido culto a la personalidad vía la corrupción y la represión. El descontento interno iba en aumento, sin que se expresara correctamente. En las elecciones de julio de 2009, la mayoría no votó en favor de Muñoz sino en contra de Esparza.

Sin embargo, no se quiso sacar la lectura obligada ante la situación. A cambio de la Toma de Nota, Esparza prefirió comprometer al sindicato y a la fuente de trabajo, como si fuera una apuesta en el palenque.

La primera cuestión del balance es que no hubo una correcta apreciación de la relación política de fuerzas. Primero, se dio un severo golpe interno al concepto del SME sobre la democracia sindical, reducida al derecho al voto. El sindicato “más” democrático, con casi un siglo de votaciones frecuentes, fue incapaz de aclarar internamente una elección. Segundo, para imponer su interés particular, Esparza y su grupo, que dominaban al sindicato hegemónicamente desde 1989, ensoberbecidos por el incienso, creyeron que LFC era de su propiedad y podían proceder a su antojo, como si la lucha de clases no existiera. Carentes de análisis, supusieron que el contrario se mantendría solamente viendo.

No fue así. El golpe se propició desde fuera y desde adentro. EL SME se debatía en un conflicto sindical, dando noticias y pruebas sobre la corrupción interna, misma que por añeja terminó costando muy caro a todos. El sindicalismo mexicano miraba desde lejos. El gobierno de derecha en turno, frente a un SME sin representación sindical y con un liderazgo obnubilado, encontró el momento oportuno para intervenir. Martín Esparza le ofreció todos los pretextos al gobierno, y se produjo el enfrentamiento con el Estado, en una relación de fuerzas claramente desfavorable al sindicato.
Ocupación policíaca de Luz y Fuerza del Centro el 11 de octubre de 2009

3. Negación de la nacionalización eléctrica

La extinción de LFC se decretó el 11 de octubre de 2009, su antecedente inmediato fue el 16 de marzo de 2008, pero su liquidación fue acordada desde el 1 de septiembre de 1960. El 27 de septiembre de ese año se decretó la nacionalización de la industria eléctrica.

Los electricistas de la FNTICE, después STERM; sacaron las conclusiones correctas ante la nacionalización. En 1966 se firmó el primer convenio para la integración industrial y, en 1969, el segundo al que se incorporó el SME, abandonando el proceso al poco tiempo.

En 1974 se acordó la liquidación de las compañías, que poseían solamente el 2% de las acciones mismas que habrían de extinguirse hacia 1999. En 1975 se aprobó la primera Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). En esa Ley se encargó a la Comisión Federal de Electricidad para proporcionar el servicio público de energía eléctrica en todo el país.

Con el impulso del STERM, luego SUTERM, se logró la interconexión del Sistema Eléctrico Nacional. En 1973-75 se ofreció la unidad al SME, en condiciones inmejorables, sin que hubiera respuesta. Peor aún, en 1976, hubo una seria traición a la Tendencia Democrática del SUTERM que fue reprimida política y militarmente por el Estado.

Con el golpe a la Tendencia Democrática se interrumpió la nacionalización. Más tarde, en 1992, mediante el Pacto de Necaxa, el SME apoyó a Salinas de Gortari quien promovió reformas regresivas a la LSPEE. Con ello se inició el proceso de privatización furtiva que ya rebasa el 50% de la capacidad de generación total a nivel nacional. La regresión de la nacionalización ha llegado a la des-nacionalización.

A cambio, en 1994, fue creada LFC en las peores condiciones: sin capacidad de generación propia y cargando la histórica deuda de las compañías extranjeras. Casi toda la energía que LFC distribuía en el Valle de México era comprada en bloque a la CFE.

Son 50 años de separación de la industria eléctrica nacionalizada, negándose a la integración siempre con pretextos vanos. Contradictoriamente, se privilegió un esquema de empresa, dentro de la misma industria, en una región interconectada. Durante mucho tiempo LFC se mantuvo en estado de quiebra financiera. Pero siempre se eludió la integración industrial.

Al esquema parcelado de empresa correspondió un sindicato también de empresa, concepto históricamente superado, sobre todo en una industria estratégica como la eléctrica. Eso llevó a una visión localista, al margen del desarrollo eléctrico nacional, dando lugar a serias debilidades técnico- económicas. Esto se agravó con el proceso de privatización eléctrica furtiva, generalizada en 2008, con la contra-reforma energética aprobada por todos los partidos políticos.

En el país la privatización furtiva es acelerada e incluye al Valle de México donde, hace años, había multitud de permisos privados de generación y las redes de distribución de LFC son utilizadas por los generadores privados en la modalidad de autoabastecimiento remoto.
El Pacto de Necaxa resultó my caro a la nación y se revirtió a los electricistas. En 2006, la Auditoría Superior de la Federación hizo un análisis recomendando a las instancias federales la extinción de LFC. En 2008 se intentó y en 2009 se violentó.

Separarse de la industria eléctrica nacionalizada, negarse sistemáticamente a la integración de la misma, fue un error histórico catastrófico.

4. Vía jurídica mal fundamentada

Ante la agresión del Estado en 2009, la respuesta sindical se limitó a defender un feudo. “Regrésenos a nuestra empresa” fue la consigna. A partir de esa limitada premisa, se configuró una “estrategia” que resultó equivocada, los hechos lo demuestran.

El gobierno se vio obligado a poner el servicio en la región a cargo de la CFE
porque así lo indica la LSPEE. Esa era la única opción operativa porque, no obstante la creciente privatización furtiva, ésta considera a la generación pero no a la transmisión ni a la distribución eléctrica.

Pero, en vez de responder en el marco de la integración industrial, pasando a formar parte integrante de la industria eléctrica nacionalizada y pactar el convenio respectivo, se optó solo por el rechazo constitucional al decreto de extinción, sin argumentos técnico- industriales.
La primera medida fue confiar en que los diputados interpondrían una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es decir, se puso el conflicto en manos de los partidos políticos. Pasó el tiempo legal y los legisladores se negaron a utilizar el recurso, ni siquiera se reunió el mínimo de firmas.

Oportunamente señalamos que el gobierno recurriría ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para interponer un conflicto colectivo de naturaleza económica que diera por terminadas las relaciones individuales y colectivas de los electricistas. Así ocurrió. El Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) promovió un “juicio especial” con los mismos objetivos.
En respuesta, el sindicato y Néstor de Buen interpusieron un amparo
descontextualizado que recibió una suspensión provisional de una juez federal para que la Junta no ejecutara el laudo demoledor. Sin embargo, la suspensión definitiva al amparo fue negada. Entonces, se promovió que la Corte atrajera el caso.

El 5 de julio de 2010, el pleno de la Corte determinó por unanimidad que el decreto de Calderón es constitucional. La Corte, sin embargo, no abordó los asuntos laborales considerando que corresponde a otras instancias.

Al pronunciarse la Corte se dejó en libertad a la Junta para emitir el laudo. El 31 de agosto de 2010, la Junta determinó que se daban por terminadas las relaciones individuales y colectivas de los trabajadores al servicio de LFC, y que se daba por concluido el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) firmado entre LFC y el SME.
En el laudo se indica que aún cuando no es asunto central, y dado que Néstor mencionó la sustitución patronal en su escrito de contestación al juicio del SAE, no se acreditó tal sustitución y tampoco se configura, según la Junta. Consecuentemente, se negó la sustitución patronal a cargo de la CFE, a partir de consideraciones endebles apoyadas en una resolución de un juez federal sexto de distrito en el DF. Ese juez aprovechó el dictamen sobre otro asunto (la Toma de Nota) para desechar la sustitución patronal sin que hubiera mediado juicio específico.

Esa situación fue motivada por la confusión introducida por Néstor en todos sus escritos. En ellos, independientemente de la litis agregó una lista de demandas, entre ellas la mención, solo la mención, sin pruebas, de la sustitución patronal. Estando tan politizado el caso, Néstor enredó todo dando margen a que instancias no relacionadas dictaminaran en contra.

En otra demanda no resuelta aún, por despido in justificado, se demanda al SAE y al director de la CFE por tal despido. El SAE contestó que entre sus funciones no está la contratación sino la liquidación; el abogado de la CFE negó que se hubiera despedido a los trabajadotes porque la CFE nunca antes había tenido relación laboral alguna con los quejosos.

Cuando la Corte resolvió, Martín Esparza y allegados, súbitamente, proclamaron la sustitución patronal a la que se habían negado sistemáticamente, en público y en privado. Se esperaba que sus abogados enderezaran la demanda (por despido injustificado) para referirse formalmente a la sustitución patronal. En la demanda inicial, se alude al patrón sustituto al final de una lista de demandas, en términos imprecisos y sin pruebas.

Entre tanto, al no haberse realizado el proceso electoral estatutario, todos los representantes sindicales quedaron sin personalidad jurídica desde el 14 de julio de 2010. Dos días antes de que la Junta emitiera el laudo demoledor, los abogados de Buen no habían metido ninguna ampliación a la demanda para invocar formalmente la sustitución patronal. El 31 de agosto de 2010 la Junta emitió el laudo. Al siguiente día, Esparza anunció que se metería la ampliación.
A este momento, nadie del sindicato tenía personalidad jurídica para comparecer ante la Junta ni para otorgar poderes. Los trabajadores no fueron llamados para suscribir ninguna demanda. Todo se ha mantenido en secreto.

Algunos “asesores” proclamaron al final: “¡Patrón sustituto ya!”, lo mismo que algunos abogados democráticos. Ambos omitieron que la sustitución patronal no opera automáticamente. Al no haberse pactado oportunamente mediante un convenio entre las Partes, era necesario proceder mediante una demanda laboral formal. Los argumentos que configuran la sustitución patronal están dados, lo mismo que las pruebas. Sin embargo, no hubo tal solicitud formal.
Este derecho prescribe al año y el derecho se perdió por omisión.
Quedan vivas varias demandas individuales de casi 3 mil electricistas, entre activos, jubilados y liquidados, incluyendo la demanda encabezada por Esparza y otros sobre despido injustificado, donde se revuelve la sustitución patronal.

Para estas demandas, el SAE tramitó un incidente de acumulación que ya se aprobó y el correspondiente juicio se iniciará a partir de enero de 2011.

El 27 de septiembre, el sindicato informó que sus abogados habían acudido a la Junta para interponer un amparo contra el laudo demoledor, después que habían pasado más de 15 días hábiles. El laudo demoledor no está aún firme pero la terminación de las relaciones laborales y del CCT es un hecho, aún cuando se niega oficialmente por el grupo de Esparza y editorialistas oficiosos que ni siquiera mencionan el asunto.

El argumento del gobierno se refiere a que LFC está extinguida, los mismos abogados de Buen y Carrancá lo reconocen.

Así, los hechos demuestran que la vía seguida por Néstor no era la adecuada. Tan es así que todos los recursos jurídicos utilizados se perdieron, no habido un solo éxito. Por revolver los asuntos y manosearlos, concentrándose en la inconstitucionalidad del decreto, se omitieron los aspectos laborales fundamentales, especialmente, la invocación formal de la sustitución patronal.
Algunos han señalado que, de todas maneras, en el enfrentamiento con el Estado éste negaría el derecho. El propio Javier Lozano, secretario del trabajo, se apresuró a declarar que era improcedente. Ciertamente, la legalidad vigente no es nuestra sino del Estado que la puede torcer discrecionalmente. Lo dicho por Lozano, sin embargo, constituye solamente “expresiones carentes de contenido jurídico”.
El Estado es malo pero el análisis político no puede reducirse a las apreciaciones en blanco y negro. El derecho laboral allí está pero, si ni siquiera se demanda formalmente, jamás se ejercerá. La responsabilidad de los abogados del sindicato está seriamente cuestionada, al igual que la “estrategia” fallida de Esparza y asesores.
Durante este proceso, 28 mil electricistas (64%) optaron por acudir al SAE a recibir sus liquidaciones desde los primeros tres meses.


5. Carencia de política eléctrica independiente

En el curso del conflicto ha estado ausente la política eléctrica independiente, la de los electricistas democráticos.
Al negar la nacionalización y las conclusiones de los propios electricistas, el discurso se limitó a la denuncia. Al negarse siempre a la integración de la industria eléctrica nacionalizada, resultó fácil enfocar toda la energía contra la CFE, confundiendo a la institución con la política seguida por la burocracia en turno.
El gobierno y la propia CFE dieron motivo para el cuestionamiento, al apoyarse en contratistas para atender el servicio en la región central del país. Obviamente, los contratistas carecen de experiencia técnica y les interesa solamente el negocio.

De inmediato se iniciaron agresiones directas contra los vehículos y los trabajadores subcontratados mediante el outsourcing. Esos trabajadores, provenientes de varias partes del país, laboran en condiciones precarias expoliados por la necesidad y el desempleo. Pero, en vez de cuestionar la política seguida por el Estado, los smeítas procedieron contra los trabajadores en una actitud totalmente desclasada.

A la CFE se le acusó de ser inepta, patito, le llamaron incluso “compañía”. Con base en adjetivos el discurso revela un profundo desconocimiento de la industria eléctrica nacionalizada y todo se queda en la superficialidad.

LFC jamás podría compararse con la CFE, a pesar de la privatización furtiva. En la CFE se realizan las fases fundamentales del proceso de trabajo eléctrico, utilizando medios que jamás operó LFC. Por lo demás, la crítica se ha quedado en la periferia.

Al principio hubo apagones en varias colonias populares. Eso se tomó como prueba de la ineptitud de la CFE. Pero nunca se ha cuestionado que la ciudad está iluminada, que el servicio público de energía eléctrica jamás se ha interrumpido, que la industria, el comercio, las oficinas, las universidades, la
economía en general, siguen funcionando con la energía eléctrica suministrada.
Se han atacado camionetas pero se omite que la CFE tiene en su poder las instalaciones más importantes: subestaciones eléctricas, redes de subtransmisión y distribución, el centro de operación y control, etc. La crítica, entonces, se ha quedado en las ramas.


Más aún, la CFE ya tiene en marcha planes de inversión para construir nuevas centrales de generación en la región, seguramente en la modalidad PIE, la planeación está avanzando, se está sustituyendo la infraestructura automatizada de LFC y la comercialización del servicio se ha venido consolidando.
El centro del cuestionamiento ha sido la fibra óptica, cuyos 330 km de red de LFC nunca fueron terminados. Ese no es el problema principal, más grave es la concesión de los 22 km de la red de fibra óptica de la CFE, el espectro radioeléctrico y la comunicación satelital.
En el cobro del servicio eléctrico a los consumidores domésticos, el sindicato ha tenido una amplia materia de denuncia. Se ha dicho que, con la extinción de LFC, aumentaron las tarifas eléctricas, promoviendo que los usuarios no paguen a la CFE, ya que no tienen ningún contrato celebrado con este organismo.

Primero se habló de un amparo, luego, todo ha terminado en quejas ante la Procuraduría de Defensa del Consumidor (Profeco); se ha llamado a huelga de pagos y se ha promovido la organización de usuarios.

Es cierto que existen errores y abusos en varios casos pero no hay todavía una situación generalizada. El problema con las tarifas eléctricas no empezó en 2009, ni se debe a la extinción de LFC. Tampoco ha habido elevación reciente de las tarifas en el Valle de México, en razón de que las tarifas se determinan a nivel nacional, no local.

La elevación tarifaria es una consecuencia de la privatización furtiva. Mientras esta es mayor, mayores son las tarifas. Así seguirá entre tanto no revirtamos la privatización. Con los planes para incrementar la privatización, las tarifas serán aumentadas. Pero, revertir la privatización no es un asunto de la Profeco.

La lucha contra la privatización furtiva se menciona solamente en las declaraciones a los medios, en la práctica se soslaya. Nunca, desde 1992, cuando el sindicato avaló las reformas regresivas de Salinas para privatizar la industria, ha habido la más mínima crítica, ni siquiera una mención al hecho.
Obviamente, tampoco hay ninguna propuesta coherente en defensa de la industria eléctrica nacionalizada. Todo se ha quedado en el ataque a la CFE que representa, precisamente, a la industria eléctrica nacionalizada y constituye el patrón sustituto natural de los smeítas.
La carencia de política eléctrica ha sido una característica del sindicato que, en el presente contexto, se ha tornado lamentable. Cuando se insiste en “regrésenos nuestra empresa” se incurre en una visión estrecha, sumamente limitada, al margen de la industria nacionalizada. Eso es incorrecto.
Lo anterior se agrava con la interpretación unilateral de la LSPEE y la pretensión para reformarla a efecto de que sea creada una nueva empresa eléctrica en el centro del país, que sustituya a LFC, cuya planta operativa está desecha.

6. Improvisación política antisolidaria

En el año ha sido admirable la resistencia de un número importante de electricistas. En condiciones sumamente difíciles se ha mantenido la movilización. Cientos de actos, entre mítines, marchas, “asambleas” y otras acciones se han realizado. Lamentablemente, han sido acciones improvisadas y espontáneas, hechas con mucha voluntad, pero sin programa ni objetivos.
En algunos casos, se han dado agresiones entre los propios electricistas porque la división interna no se ha superado. En la mayoría de los casos, ni siquiera ha sido posible la discusión. El nivel de información y análisis ha sido muy bajo, casi nulo.

Muchos jubilados están al margen del movimiento pulverizados en multitud de grupos.

En las divisiones la resistencia ha sido desigual. Tal vez, la División Toluca sea la más entera.
Al no haber un programa, la movilización se ha diluido política y organizativamente. La movilización no puede, ni debe, reducirse a marchas diarias. Es pertinente la combinación de actividades, orientadas a la construcción de organización.
Al producirse el conflicto, algunos propusieron la tarea de organizar la solidaridad desde las bases, cubriendo territorialmente al país. Sin embargo, desde el principio se optó por el control burocrático y sectario a ultranza. El resultado fue que los apoyos se diluyeron, muchos se apartaron, otros siguen apoyando pero en otras condiciones.

Se optó por alianzas con el charrismo sindical, especialmente, con Napoleón Gómez Urrutia y Francisco Hernández Juárez. Los resultados están a la vista. Esas alianzas son nocivas.
Algo similar ha ocurrido con la solidaridad internacional. Desde 2007, el SME ocupa la secretaría general de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía (UISTE), de la Federación Sindical Mundial (FSM). En 1999-2005, la FSM jugó un papel de primera importancia en apoyo a la lucha encabezada por el SME contra la reforma constitucional en materia eléctrica. Esta vez, la FSM ha sido ignorada, la secretaría general de la UISTE ha tenido una participación de 0 (cero).
La razón es política, el grupo de Esparza ha preferido la alianza con la CIOSL, especialmente, la AFL-CIO norteamericana, organizaciones responsables de la destrucción del movimiento sindical mexicano. Esos aparatos tienen muchos dólares pero su política es antiobrera. Ni siquiera han sido capaces de asesor al sindicato para que presente debidamente una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, Suiza.


No obstante, la FSM ha movilizado a organizaciones sindicales de electricistas y petroleros de varios continentes.

A pesar del propio aparato sindical del SME, la FSM organizó desde Atenas, Grecia, una Conferencia Internacional de Solidaridad con el SME. Varias organizaciones acudieron a México a expresar su solidaridad política y económica.

En vez de valorar los esfuerzos, Esparza se dedicó a atacar públicamente a organizaciones afiliadas a la FSM, por haber contribuido con organización, logística y recursos económicos al éxito del evento.
Así, el frente nacional e internacional de la solidaridad ha sido desdeñado. La movilización ha continuado con mucho entusiasmo pero cero política. Además, el manejo hacia los trabajadores ha sido de engaños reiterados, hablándoles de acuerdos y promesas inexistentes.

Presencia de delegaciones sindicales del sector energético del mundo en la Conferencia Internacional de Solidaridad con el SME organizada por la Federación Sindical Mundial
El FTE en solidaridad combativa y concreta con nuestros compañeros electricistas

7. En la línea de Fujimori y Calderón

Uno de los sectores que ha recibido mayor atención son los usuarios domésticos. Desde el principio se propuso una llamada huelga de pagos, incitando a la población para que no pagara a la CFE con el argumento de que el contrato que tenían era con LFC y no la CFE.
Mucho esfuerzo se ha dedicado a la campaña contra la CFE, a partir de los errores y abusos que ha habido en el cobro del servicio que, sin embargo, no es generalizado.
La limitación es que se combaten los efectos pero no las causas. La necesaria lucha contra la privatización furtiva, para detenerla y revertirla, está ausente. El manejo parcial y superficial del asunto entraña serios riesgos. De entrada, no aclara el problema y menos organiza socialmente.
El campo es propicio para exaltar el enojo sin razonamiento. Esa estrategia está muy estudiada por el imperialismo que sabe aprovecharse de la situación.
Al pueblo en general no se le puede engañar ni manipular porque las cosas se revierten contra todos. Así pasó en Perú, en tiempos de Fugimori, quien hábilmente se dedicó a exacerbar los ánimos contra el servicio eléctrico. Luego de haber “sensibilizado” a los usuarios procedió a privatizar la industria eléctrica y lo logró con el aplauso de los consumidores que hoy padecen una situación peor.
De manera que el odio contra la CFE no justifica impulsar el ataque contra la institución que, repetimos, representa a la industria eléctrica nacionalizada. Tácticamente, es un error político porque CFE es, reiteramos, el patrón sustituto de smeítas. Desde luego, el odio a la CFE ha sido llevado al extremo porque Esparza y demás NO quieren a la CFE como patrón sustituto, quieren su empresa “como se llame”. Por ello es que eludieron la sustitución patronal y, aún cuando la aludieron recientemente a nivel de declaraciones, los hechos revelan que el derecho se perdió por omisión deliberadamente.

8. Anormalidad sindical
Ha pasado más de un año y el sindicato sigue en la anormalidad sindical. La normalidad fue alterada desde julio de 2009 con una reiterada negativa a corregir. Eso ha llevado al sindicato a estar sin representación jurídicamente acreditada.
Bajo el argumento de un extraño concepto de “autonomía sindical”, el sindicato se ha negado a resolver su situación interna. No obstante una experiencia de más de 9 décadas, de repente se negaron a seguir la legalidad vigente. Con ello, le hicieron un grande favor al Estado y su gobierno.
En 2009 la STPS le negó la Toma de Nota a Martín Esparza y 12 representantes más por no haber acreditado correctamente la documentación. De acuerdo a los estatutos del sindicato, Humberto Montes de Oca, secretario del interior, debió asumir provisionalmente la representación general del sindicato. Sin embargo, se negó.

En medio de la persistente división interna, Alejandro Muñoz interpuso una demanda ante la Junta. Esta determinó anular la elección dictaminando que debía reponerse el proceso. Martín Esparza se amparó y perdió, luego de una suspensión provisional vino la negativa en definitiva. No obstante, insistió en negarse a reponer el proceso.
En julio de 2010 debió haber elecciones estatutarias para la otra mitad del Comité Central del sindicato. Argumentando que había una situación especial se impuso a una “asamblea” que se otorgara un voto de confianza a Esparza y demás para que continuaran en sus puestos. Consecuentemente, no hubo proceso electoral estatutario.

En tales condiciones, se acudió nuevamente ante la STPS. El 27 de septiembre, Javier Lozano anunció a los medios que no había ninguna Toma de Nota porque no se había cumplido ni con el mínimo de lo establecido por los estatutos sindicales.

En breve descripción, el sindicato ha estado literalmente sin cabeza.

Recientemente, Esparza declaró que repondrían el proceso luego de haberse negado más de un año. Pero las declaraciones no son congruentes. Para reponer la elección, pide a la Junta que le proporcione la lista de los votantes, no obstante que a priori le niega el voto a quienes se hayan liquidado, así como, la entrega de 100 millones de pesos para los gastos.

Se ha dicho que se trataría de un arreglo político. Sin embargo, contrariamente a lo anunciado, el procedimiento no se ha iniciado y tampoco hay ningún acuerdo.
Algunos grupos han señalado la necesidad de un acuerdo mínimo entre sí para potenciar la unidad que permita una salida al conflicto interno. ¿Es posible? Probablemente, no. Y no porque no sea necesario, que lo es, sino porque las posiciones de Muñoz y Esparza son irreductibles.
Si se piensa en la unidad entre los grupos y sus cúpulas no hay unidad posible. La unidad se debe construir sobre la base de la política. Esto quiere decir que la base electricista debe proceder a constituirse en Coalición temporal, con el único objetivo de restablecer la normalidad sindical, en términos de la Ley y de los estatutos.

Si no es así, la alteración de la normalidad sindical seguirá. Es preciso definirse. Ni Muñoz ni Esparza son factor de unidad interna, tampoco son interlocutores válidos con nadie.
Mantener la anormalidad sindical interna ha sido un error catastrófico.

9. Salida electorera
En las proximidades del año de resistencia han ocurrido hechos no explicados convincentemente. Martín Esparza acudió al informe de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México (Edomex) y se dedicó a loar a ese gobernante quién se manifestó muy agresivo el 10 de octubre de 2009, apoyando la ocupación policíaca de LFC.
“Estoy haciendo política”, ha dicho como respuesta. Fue el diputado federal Luís Videgaray, aspirante a sustituir a Peña Nieto en el Edomex quien invitó a Esparza y lo ha venido acercando al PRI.
Uno de los propósitos es lograr un eventual apoyo a la iniciativa de reformas a la Ley eléctrica que propone Esparza. Según esa iniciativa, se trataría de que los legisladores crearan una empresa local que sustituya a LFC, como si la industria eléctrica nacionalizada fuera propiedad de un grupo o unas cuantas personas.
Andrés Manuel López Obrador, en campaña presidencial, ha hecho público su apoyo a la iniciativa de Esparza. A sabiendas que el PRI no asegura su apoyo, López ha dicho que el PRD, PT y Convergencia sí apoyarán. Obviamente, en el mejor de los casos, se trataría de una minoría.
Para adornar su apoyo, Obrador promete a los electricistas que “de ganar las elecciones de 2012” les restituirá a LFC.
La demagogia política tiende a desviar más a la resistencia. Videgaray será impuesto como gobernador del Edomex pero tiene facultades con relación a la industria eléctrica. Respecto a Obrador, su política es improvisada y pueblerina.
Así, la resistencia ha llegado a un año, con todo perdido y una perspectiva electorera incierta y engañosa.

10. Conclusiones

En el FTE también militamos electricistas smeítas, la mayoría somos activos en resistencia, NINGUNO nos hemos liquidado. Otros somos jubilados y, todos, estamos apoyando a los activos. Estamos en lucha y nuestra calidad moral y política está probada y comprobada por los hechos.
Nos duele mucho decirlo y constatarlo pero, por ahora, el escenario es de derrota. No es el final porque la lucha de clases continúa pero la experiencia nos ha sido desfavorable.
Sostenemos la tesis de que el golpe fue propiciado desde fuera y desde adentro. No es la primera vez que esto ocurre pero, es evidente que en el presente caso, se omitió valorar serena y adecuadamente la relación de fuerzas. Se invitó al enfrentamiento precipitado con el Estado y este impuso sus “razones” de ilegalidad y violencia.

Abstraerse de la industria eléctrica nacionalizada fue un error catastrófico. Peor es la pretensión de volver al escenario previo a la nacionalización, con base en una empresa eléctrica local, dentro de la propia industria eléctrica integrada a nivel nacional.
Seguir manoseando a la LSPEE, que conquistamos nosotros en 1975, es lesivo para la nación. Si alguna reforma habría que hacer es revocar las disposiciones anticonstitucionales de 1992 que han llevado a la privatización eléctrica furtiva.

La “estrategia” seguida en el año que ha pasado fracasó, jurídica y políticamente. El Estado y su gobierno se han aprovechado de la situación sin haberle opuesto una fuerza socialmente organizada, desdeñando la solidaridad nacional e internacional clasista, prefiriendo al charrismo y organizaciones internacionales proimperialistas.
Ha sido totalmente desafortunado polarizar más la división interna y mantener la anormalidad sindical. El sindicato fue descabezado deliberadamente. En situación de colapso todo se ha complicado dificultando cualquier solución.

Restablecer la normalidad sindical es una necesidad y es posible concretarla internamente. Si se insiste en no realizarla ahora se tendrá que hacer más adelante. Los procedimientos a seguir están contemplados en la Ley y en los estatutos del sindicato.

En la presente situación, es inevitable constituirse en Coalición temporal para restablecer la normalidad sindical reponiendo el proceso electoral estatutario e, incluso, reformar a los estatutos.
El conflicto finalmente no está concluido. Por omisión y notorias deficiencias, la sustitución patronal a cargo de la CFE, se eludió y la invocación del derecho se perdió por omisión deliberada. Queda el juicio a iniciarse en 2011, en condiciones cuesta arriba. Desde el punto de vista colectivo la situación es desfavorable quedando vigentes las demandas individuales.

En el marco de la integración de la industria eléctrica nacionalizada siguen vigentes las propuestas pero se requiere de una política coherente. El escenario de 2010 no es el de 1969, 1973 ó 1975. Hoy las condiciones son muy adversas. El SME, sin embargo, no se ha extinguido ni aún cuando el laudo demoledor se pusiera firme próximamente.

Los jubilados tienen por delante un enorme reto. Hasta ahora han eludido su responsabilidad política. Los activos han sido sacrificados por el ensoberbecimiento de sus “generales” cuya política ha sido desafortunada. Hay hechos consumados y recomponer la situación es algo complicado pero no imposible.

El golpe es contra todos y todavía están por verse los efectos desfavorables a los trabajadores y a la población.

Esperaríamos que los protagonistas hagan un examen político de la experiencia. Los sindicatos no son propiedad privada de nadie, son organismos de interés social; la industria eléctrica nacionalizada no es propiedad privada de ningún grupo o partido político, es de la nación. En consecuencia, lo que ocurre en la industria eléctrica nos compromete a todos los mexicanos.

Es pertinente analizar detalladamente la experiencia, desde dentro y desde fuera del movimiento, y sacar las conclusiones políticas del caso.